Veintisiete años después de iniciar una trayectoria en el Poder Judicial de la Federación (PJF) como oficial judicial en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en Jalisco, María Emilia Molina de la Puente, magistrada de Circuito en la Ciudad de México, reconoce las virtudes y defectos de una institución a la cual es necesario cambiar a través de una transformación donde se incluya a fiscalías, policías y universidades, y que no sólo se contemple la separación de jueces, magistrados y ministros como se tiene proyectado.
En entrevista con Amexi, la magistrada y también presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C., mira al pasado y agradece la experiencia obtenida a través de una carrera judicial llena de dificultades y retos para destacar en una institución donde se da preferencia a los hombres.
Las más castigadas con las trabajadoras con hijas o hijos. Jornadas de más de 14 horas al día, los días 365 año, son parte de las cargas laborales en un Poder Judicial de la Federación donde, tan solo el año pasado se recibieron millón 500 casos en los 32 distintos judiciales del país.
La magistrada reconoce como inminente la reforma al Poder Judicial de la Federación a partir de la propuesta hecha por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Los cambios, expresa, son necesarios a partir de un análisis meticuloso donde se pongan sobre la mesa los riesgos de una justicia a modo, las violaciones a los derechos humanos por la falta de experiencia en nuevos juzgadores, así como por la llegada de políticos y la posible injerencia del crimen organizado en las decisiones de la vida nacional del país.
Sin embargo, antes de realizarse, menciona: “Lo digo a título personal, esto no es como presidenta de la asociación, es a título personal. Si a mí me dijeran que renunciando yo se garantiza que llegan las mejores personas juzgadoras y el sistema de justicia, mágicamente mejora, en este momento yo presento mi renuncia, y sé que la mayor parte de mis compañeros también lo haría”, subraya.
Reforma judicial, necesaria
-¿Es necesaria una reforma al sistema de justicia penal?
-Yo creo que es necesaria una reforma a todo el sistema de justicia, no sólo en materia penal, en todas las materias y en todos los ámbitos, pero si se necesita primero un diagnóstico sobre ¿qué es lo que está pasando?, ¿cómo estamos?, es decir, qué está funcionando, qué no está funcionando. De lo que no está funcionando, ¿cuáles son los problemas para que tengamos un correcto acceso a la justicia como sociedad?, y a partir de ahí, diagnosticar exactamente los problemas y encontrar soluciones para esos problemas.
-A su consideración, ¿cuáles pueden ser esos puntos a modificarse o que son urgentes a modificarse?
-Hay una primera parte. Se debería reforzar presupuestalmente a las fiscalías, tanto a las generales de los estados, así como a la Fiscalía General de la República (FGR) para que mejoren sus estructuras y entonces haya mejores posibilidades de investigación y de capacitación; que a los poderes judiciales locales se les garantice un presupuesto mínimo y que al Poder Judicial de la Federación también, es decir, que tengamos una base mínima para reforzar todo lo que se necesita. Se necesitan más autoridades, porque tenemos un país con muchísimos problemas sociales y en las fiscalías para atender el tema de comisión de delitos hay poco personal.
¿Hay carga de trabajo en el Poder Judicial?
-En el caso del Poder Judicial estamos saturados de trabajo, los poderes judiciales locales mucho más que el federal, pero simplemente lo digo en datos duros, en México tenemos tres personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, eso es un dato de 2022. En otros países, por ejemplo, Alemania tienen 25 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes y no tienen ni la cuarta parte de problemas sociales que tenemos en México, y solamente somos un poquito menos de mil 700 personas juzgadoras sin incluir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
-¿Funcionan las defensorías públicas?
-El problema no está en los poderes judiciales, realmente podría estar en que no están reforzadas las defensorías públicas. La defensoría federal, digamos que funciona, aunque podría reforzarse y creo que habría que hacer este diagnóstico sobre qué está funcionando, cómo lo reforzamos, pero las defensorías de los estados están prácticamente olvidadas o saturadas, y tampoco tienen un presupuesto mínimo. Tampoco tienen posibilidades de capacitación, de aumento de sueldos, de incremento de personal, etcétera. Tendríamos que tener un diagnóstico integral porque si lo que se requiere es una reforma estructural, ¿por qué no tenemos una formación básica?
En una reforma judicial se debe incluir a los policías, porque no están capacitados, la mayoría de las policías del país tienen deficiencias, también en el número de elemento, se les tiene que tomar como parte de esta reforma para que una investigación llegue bien fortalecida a juzgados, señala la magistrada María Emilia Molina de la Puente. AMEXI/FOTO: MARCOS MUEDANO.
-¿Qué pasa con las escuelas de donde egresan los nuevos abogados?
-Hay escuelas que tienen año y medio de carrera y salen con una cédula que funciona en este país igual que una persona que tiene maestría y doctorado. La calidad académica no tiene un piso parejo y tampoco la actuación ética. En países como Estados Unidos hay colegiación obligatoria y además las barras de abogados y la Suprema Corte son las que autorizan que se pueda litigar y además vigilan la actuación ética. Yo creo que eso también tendríamos que estarlo revisando con corresponsabilidad de todos los actores, es decir, las universidades.
-La propuesta de reforma judicial no incluye a los policías, ¿se debe incluirlos?
-Sí, porque no están capacitadas, la mayoría de las policías del país tienen deficiencias de capacitación, también puede haber deficiencia de número de elementos, hay lugares específicos donde no hay suficientes policías de ningún tipo, ni municipales ni estatales ni federales, ni de investigación de ningún tipo y tampoco se está tomando como parte de esta reforma, claro que es importantísimo para que una investigación llegue bien fortalecida a juzgados.
Como dato duro, de la comisión de 100% de delitos en el país, más de 90% no se denuncia siquiera, es decir, no llegan a ninguna autoridad y de lo que sí se denuncia, también más de 90% no se judicializa, es decir, nunca llega juzgados, entonces, la sensación de impunidad de la sociedad, que es muy válida, realmente tiene que ver más con que no se hacen las investigaciones y no se llega a lo penal y el castigo.
AMEXI
