Este sábado se reportó la detención de cuatro exfuncionarios de la administración gubernamental de Silvano Aureoles Conejo, aunque también trascendió que sobre el exgobernador de Michoacán se giró una orden de aprehensión; sin embargo, al momento no hay una confirmación oficial por parte de las autoridades de que el también exsenador de la República fue detenido.
Esta mañana, primero se dio a conocer la detención del extesorero Carlos Maldonado Mendoza, acusado de presunto peculado, posteriormente se informó de la captura de otros dos ex colaboradores: Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública, y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.
Sobre Maldonado Mendoza, el Registro Nacional de Detenciones confirmó su detención y posterior puesta a disposición de un juez federal en la Ciudad de México. En la ficha se especifica que el exsecretario de Finanzas al momento de su arresto vestía pantalón blanco de vestir y sudadera color azul marino con blanco.
El gobierno de Aureoles Conejo enfrenta 21 denuncias por presuntos actos de corrupción, que van desde fraude, desvío de recursos públicos, operaciones con fondos de origen ilícito hasta asociación delictiva, según la información que ha hecho pública la contralora del Gobierno de Michoacán, Azucena Marín Correa.
El monto total por las irregularidades señaladas a la administración silvanista, por las cuales ya hay denuncias penales y otras en trámite, ascendería a 23 mil millones de pesos.
Cabe recordar que en 2021, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, interpuso una demanda por el fraude de 5 mil millones de pesos durante su administración para la construcción de cinco cuarteles de la entonces Policía Michoacán de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Y en 2024, al mandatario estatal morenista anunció que la denuncia se mantenía en la Fiscalía General del Estado y dijo que el gobierno de Aureoles “contrató obras a sobreprecio simulando contratos de arrendamiento cuando no existían los bienes inmuebles arrendados y luego compró estos cuarteles”.
“75 y 80 por ciento de los recursos que se desviaron son federales; también estamos viendo varios temas con la UIF. Esta investigación lleva tiempo, hay que corroborar varias cosas, pero la investigación está y la inhabilitación está en el sistema, en el padrón”, expuso en su momento el actual gobernador michoacano.
