En reiteradas ocasiones, activistas y organizaciones no gubernamentales han insistido en la existencia de personajes cuyos antecedentes ponen entredicho su probidad para contender en la elección judicial, y aun con las batallas legales, no han logrado “bajar” de la contienda a perfiles considerados riesgosos, según un reporte de Expansión Política.
Entre los “impresentables” hay exabogados de narcotraficantes, personas con presuntos vínculos delictivos, exfuncionarios acusados de abusos sexuales y laborales y hasta miembros de la Iglesia La Luz del Mundo.
Pese a las pruebas que se han presentado desde la sociedad civil, los comités de evaluación, que se encargaron de revisar las solicitudes de todos los aspirantes, los consideraron idóneos y con “honestidad y buena fama pública”, de acuerdo con las bases para el registro de candidatos.
Así, estarán en las boletas el próximo 1 de junio, debido a que este miércoles las millones de papeletas para la elección ya comenzaron a distribuirse en todo el país.
Entre los personajes señalados figura Fernando Escamilla Villarreal, quien fuera representante legal del exlíder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, y el exministro de la Luz del Mundo, Job Daniel Wong.
Víctimas, activistas y organizaciones como Defensorxs MX, Laboratorio Electoral y PolitiklabMX, esperan que el Instituto Nacional Electoral (INE) cancele las candidaturas jurídicamente o, en su caso, señalen expresamente la falta de idoneidad de los candidatos.
“Se advierte claramente que los comités de evaluación no hicieron una labor de realmente escrutinio, no nos estamos preguntando qué tipo de jueces queremos y en función de eso hacer la selección. Le están dejando a la ciudadanía la chamba de investigar quién es cada quién, cuando eso es algo que debieron de haber hecho los Comités”, dijo en entrevista con el citado medio Arturo Espinosa Silis, del Laboratorio Electoral.
Lo peor de esto, advierte, es que se evidencia que la Reforma Judicial el proceso electoral se han desarrollado de forma apresurada y sin filtros. Por ello, consideran especialistas, las cartas de recomendación de 5 vecinos y la calificación de 8 en la carrera de Derecho, entre otros requisitos, resultaron insuficientes.
“Haremos uso de todos los recursos legales para bajarlos y los impugnaremos a todos antes del 12 de mayo, fecha que el INE se fijó como un primer plazo para revisar que cumplan con los requisitos de idoneidad”, advierte Miguel Alonso Meza, de la organización Defensorxs.
Pese a los esfuerzos que se han emprendido desde la sociedad civil, la posibilidad de “bajar” una candidatura, o bien, de que el eventual triunfo de un candidato cuestionado sea declarado no válido, es reducida.
Y aunque por el momento se han presentado solicitudes para procedimientos especiales sancionados contra 11 candidatos, Meza indica que existe la posibilidad de extender el listado a más de 50.
En fechas recientes, el INE aprobó un procedimiento para revisar la idoneidad de los perfiles, pero la discusión está dividida y es incierto si tomará una decisión sobre el eventual retiro de postulaciones. Un bloque de consejeros del Instituto se ha pronunciado por que el Tribunal Electoral –que ya rechazó una petición- decida sobre ello. Otro bloque considera que tiene facultades plenas, pues la ley permite que al momento de la calificación de la elección debe entregar constancia de mayoría a quien reúne todos los requisitos.
Lo anterior quiere decir que hay la posibilidad de que, si los ganadores no cumplen con la idoneidad que marca la ley, no sean declarados ganadores.
Para la consejera del INE, Claudia Zavala, el problema es que ninguno de los tres comités (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) realizó un análisis de idoneidad ni justificó por que sí unos sí, y otros no, cumplieron con ese requisito.
Por lo pronto, la semaforización que ha hecho Defensorxs ya reúne a 14 aspirantes a cargos judiciales con “candidatura altamente riesgosa”. De ellos, 12 fueron postulados por el Comité Técnico del Poder Legislativo.
En la lista de “impresentables” figura el exfiscal regional de Michoacán, Francisco Herrera Franco, quien busca ser juez penal federal en la entidad. Según activistas, tiene presuntos vínculos con el crimen organizado y está relacionado con un caso de secuestro y de coacción a una comunidad mazahua.
El Comité del Poder Legislativo también dio luz verde a la candidatura de Jacqueline Silva Betancourt a jueza de distrito, aunque en diciembre de 2024, el Consejo de la Judicatura Federal inició una investigación en su contra por presuntos abusos laborales.
Apenas en marzo pasado, la hoy candidata fue suspendida de su cargo tras difundirse un video en el que aparece reteniendo a uno de sus trabajadores y le pide la renuncia. Antes tuvo acusaciones de revisar los celulares de su personal y de amenazarlos con iniciar procedimientos administrativos en su contra.
Sharim Guzmán, exintegrante de la Luz del Mundo y esposo de Sochil Martin, ambos víctimas de esa secta, promovieron un recurso ante el INE para que se revisen las postulaciones de siete integrantes de la asociación religiosa cuyo líder, Naasón Joaquín, actualmente está preso en Estados Unidos por múltiple cargos de abusos sexual y de menores.
“La Luz del Mundo no es sólo una religión o una creencia, es un sistema de control sobre las personas y sobre las familias, así que una persona dirigente de esa organización ocupe un cargo judicial es altamente preocupante, porque todo lo va a supeditar al objetivo de proteger a esa organización”, sostiene Sharim Guzmán.
“Entendemos que la Luz del Mundo es un grupo de control y un grupo de crimen organizado porque así operan, y para ellos resolver a favor de sus dirigentes implica la fe y la salvación, por lo que no podrían resolver con imparcialidad”
Guzmán señala que entre los candidatos de La Luz del Mundo está Job Daniel Wong Ibarra, exministro de la Luz del Mundo y defensor legal de Naasón Joaquín García.
“Él es un ministro de culto, está impedido por la ley. Está violentando el artículo 130 de la Constitución y el artículo 12 de la Ley. La Luz del Mundo no registra a sus ministros, por lo que pueden ser ministros, jueces, integrantes de comisiones de derechos humanos o tener cargos a los que deben estar impedidos”, sostiene Guzmán.
Otra candidata vinculada a esta iglesia es Cinthia Teniente Mendoza, quien aspira a una magistratura de circuito en materia laboral; actualmente es alcaldesa en funciones -pues no solicitó licencia- del municipio de Villagrán, Guanajuato.
Teniente Mendoza, quien ganó postulada por Morena, es esposa del senador morenista Emmanuel Reyes Carmona, uno de los promotores del homenaje que políticos le rindieron a Naasón Joaquín en Bellas Artes, en 2019.
También están la candidata a jueza, Madián Sinaí Menchaca Sierra, hija del obispo de esa congregación religiosa, Nicolás Menchaca, defensor legal de Naasón Joaquín García.
De acuerdo con la información recabada por Defensorxs, Menchaca fue detenida en mayo de 2024 en Tlaquepaque, Jalisco, por causar lesiones a dos motociclistas, a los que habría arrollado presuntamente en estado de ebriedad.
Karina Sánchez Ruiz, aspirante a magistrada, como diputada entregó reconocimientos a Naasón Joaquín García. Fue presidenta de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), una de las principales asociaciones a través de las cuales la Luz del Mundo opera políticamente”, según la investigación de Defensorxs.
En tanto, Betzabeth Almazán Morales, candidata a jueza de distrito, no cumpliría con los requisitos de elegibilidad, a juicio de la agrupación, pues en defensa del líder de La Luz del Mundo se habría ostentado como criminóloga sin serlo, para publicar diversos artículos en los que señaló que el inculpado fue sujeto a “acciones maliciosas” y que quedó “atrapado en las garras de un sistema de justicia manejado al antojo de unos cuantos”.
Otro candidato que fue considerado idóneo para ser juzgador federal en Nuevo León es Fernando Escamilla Villarreal, exabogado de Miguel Ángel Treviño Morales, “Z40”, y de Eleazar Medina Rojas, “El Chelelo”, líderes de “Los Zetas” extraditados a Estados Unidos.
También figura el candidato a juez de distrito en materia penal por el cuarto circuito de Nuevo León, Jesús Humberto Padilla Briones, quien en 2023 fue detenido con un arma de fuego y 17 dosis de droga. Aunque él y sus dos acompañantes fueron vinculados a proceso por el delito de narcomenudeo y trasladados al Penal de Apodaca, en 2024 logró una suspensión condicional del proceso a su favor.
En tanto, el candidato a magistrado de circuito en materia penal por el primer circuito de la Ciudad de México, Francisco Martín Hernández, siendo juez penal de Jalisco, en 2013, fue denunciado por trabajadoras del Poder Judicial por abuso sexual, investigado por el Consejo de la Judicatura y destituido de su cargo en 2015.
“El titular del juzgado sacó, mostró y masturbó su miembro viril frente a ella (la denunciante) sin su consentimiento. El 14 de febrero de ese mismo año Francisco Martín insinuó que la trabajadora le acompañase al baño con el propósito de sostener relaciones sexuales”, se lee en el expediente del caso.
“Dentro del mismo incidente se mencionan también las insinuaciones sexuales físicas y verbales hacía otras cuatro trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, constituyendo tratos humillantes, ofensivos, intimidatorios y degradantes”, se asentó.
El candidato a magistrado de circuito en materia penal por el primer circuito de la Ciudad de México, Edgar Agustín Rodríguez Beiza, también tiene antecedentes por delitos sexuales.
En 2017, el ahora juez de control adscrito a la unidad de gestión judicial número dos del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad, fue acusado de abuso sexual por una alumna del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas.
