Este jueves 27 de febrero el gobierno federal y empresarios gasolineros signarán la “Política Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina en beneficio del pueblo de México”, con el fin de que la gasolina regular (o Magna) se venda por debajo de 24 pesos por litro. La firma del acuerdo se realizará en el Salón Tesorería de Palacio Nacional a las 11:00 horas.
Según el documento de la Presidencia filtrado a diversos medios, la política será completamente voluntaria y no impondrá obligaciones a los firmantes ni al sector en general, es decir, es más bien un compromiso que una normatividad. Su vigencia será de seis meses y se evaluará periódicamente para medir su efectividad y realizar los ajustes necesarios.
Uno de los principales objetivos es que Petróleos Mexicanos (Pemex) establezca en sus Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) un precio mayorista nacional que garantice la venta de gasolina a menos de 24 pesos por litro y con ello una utilidad suficiente. Para lograrlo, Pemex, junto con importadores, comercializadores, distribuidores y transportistas adheridos al pacto, deberán ajustar sus estrategias de comercialización para trasladar los beneficios del precio mayorista a los consumidores.
El acuerdo establece un margen máximo de diferencia de 2 pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre el precio al público y el precio de mayoreo de Pemex y otros comercializadores. Para facilitar esta medida, Pemex tomará acciones para optimizar la distribución de última milla, asegurando el abasto en todo el país. También se revisarán casos donde los costos logísticos u otros factores hagan insuficiente el diferencial, a fin de proponer ajustes en coordinación con las autoridades.
Es decir, la política se enfoca en los mayoristas y no obliga a las estaciones de servicio a limitar su margen de ganancia. Pese a la firma comercializadores, importadores y distribuidores no pueden imponer a las estaciones un margen específico.
En paralelo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continuará con la aplicación de estímulos fiscales y reducciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para mitigar el impacto de las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo.
El documento por firmar también establece que los permisionarios de expendio de gasolina deberán seguir reportando diariamente sus precios a la autoridad. Asimismo, reafirman su compromiso con la regulación de controles volumétricos y estándares de calidad del combustible. Es así que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) continuará supervisando los precios en estaciones de servicio y verificando su cumplimiento conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Para garantizar la transparencia, la Profeco implementará un informe semanal dirigido a la población donde se publicarán los precios de venta en las TAR y los costos operativos de las estaciones de servicio. Esto permitirá identificar aquellas estaciones que venden por debajo del costo en terminales y gastos operativos. En estos casos, las autoridades realizarán verificaciones para asegurar la legalidad del origen (evitar el denominado ‘huachicoleo’ y calidad del combustible.
Es de recordar que una de las críticas al precio tope por parte de los empresarios del ramo fue que una margen bajo o nulo de ganancias podría “convencer” a varias estaciones de surtirse de gasolina ilícita.
Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente reforzarán la supervisión de controles volumétricos y efectuarán auditorías a importadores, comercializadores, distribuidores y expendedores de gasolina. Al mismo tiempo, la Federación mantendrá mesas de trabajo para revisar la normatividad en el sector y proponer mejoras.
Finalmente, el acuerdo también permitirá que cualquier empresa del sector que aún no lo haya firmado pueda adherirse en cualquier momento mientras esté vigente.
