El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se deslindó este martes que la liberación de Jesús R., alias “El Chuy”, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido en Zacapu, sea competencia del Gobierno Federal, como sí lo es la detención y posterior vinculación a proceso de un generador de violencia y extorsionador de limoneros y aguacateros.
Jesús R. fue detenido el pasado 25 de febrero, en un operativo interinstitucional ejecutado en un domicilio ubicado en la calle Ciriaco Torres de la localidad zacapense, y el 5 de marzo el juez federal Rubén García Mateos determinó dejarlo en libertad.
Por este hecho, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, responsabilizó al juez y consideró que es “una grave muestra de corrupción dentro del sistema judicial”.
El mandatario estatal señaló que, a pesar de las evidencias que apuntan a la culpabilidad del individuo y de los enfrentamientos ocurridos durante su captura, se dejó en libertad al también identificado como “El Hamburguesa”.
Recalcó que la liberación refleja las fallas y la corrupción en el sistema judicial federal; “Es terrible, no sigamos tapando a los jueces corruptos”, fustigó.
Sin embargo, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) defendió al juez Rubén García Mateos y rechazó los señalamientos emitidos por las autoridades michoacanas.
A través de un comunicado, la JUFED justificó la decisión judicial de García Mateos, al señalar que “se resolvió con base en las pruebas existentes, que desmintieron la versión de los hechos aportadas por la Fiscalía y la Guardia Civil del Estado”.
Incluso, la asociación expuso que existen los medios para inconformarse por la determinación del juzgador, pero la fiscalía no presentó los recursos necesarios.
La JUFED también calificó que los dichos por las autoridades de Michoacán como una intromisión en la independencia judicial y un ataque al Poder Judicial de la Federación.
“Es fundamental recordar que la independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho y cualquier ataque a ella debe ser repudiado”.
Enfatizó que “es inadmisible que se viertan acusaciones de corrupción a una persona juzgadora federal sin presentar las pruebas conducentes. La falta de transparencia y la ausencia de evidencia para sustentar estas acusaciones son un claro intento de desacreditar la labor del juez y del Poder Judicial de la Federación en su conjunto”.
Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a pregunta expresa de un representante de los medios de comunicación sobre la postura de la JUFED y de la presunta falla de la Fiscalía General del Estado de Michoacán al integrar la carpeta sobre el caso de “El Chuy”, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, respondió que esa acción se hizo por parte del Gobierno de Michoacán, además de informar que la Fiscalía General del Estado (FGE) apeló la determinación; sin embargo, fuentes al interior de la FGE no han confirmado sobre esta apelación
