Mientras el estado de Tabasco se enfrenta a las secuelas de una ola de violencia, una política no oficial está canalizando hacia allí a migrantes vulnerables, lo que proporciona a los grupos de crimen organizado más oportunidades de obtener beneficios.
El último gran incidente se produjo el 10 de octubre, cuando un grupo anónimo de hombres armados publicó un video dirigido al gobernador del estado, Javier May Rodríguez. Los hombres acusaron al secretario de seguridad de Tabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez, de trabajar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Si May sustituye a “el mugroso” por alguien neutral, cesaría la violencia”, dijeron los hombres. “La paz está en sus manos”, enfatizaron.
El video siguió a una ola de violencia que estalló en Villahermosa, capital del estado de Tabasco, el 3 de octubre, pocos días después de que May tomara posesión de su cargo tras su victoria en las elecciones generales de junio. Las autoridades locales informaron de un ataque armado contra la policía local en el que resultaron heridos dos agentes, aparecieron bloqueos en las principales carreteras y se incendiaron varias tiendas.
Dinámicas criminales cambiantes
Desde febrero de este año, cuando Chávez Martínez asumió la Secretaría de Seguridad del estado, los homicidios se han duplicado. En abril, fueron casi cuatro veces más que durante los meses más homicidas de 2023, según datos recogidos por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
El predecesor de Chávez Martínez, Hernán Bermúdez Requena, renunció en enero tras una explosión de violencia vinculada a grupos del crimen organizado. Un año antes, informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya relacionaban a Bermúdez Requena y a otros dos directores de la policía estatal con el CJNG. En el momento de su dimisión, El Universal informó de que el CJNG y otros grupos luchaban por el control de Tabasco para llevar a cabo secuestros, traficar con drogas y extorsionar a migrantes.
Parte de la violencia reciente también puede estar relacionada con la Barredora, una poderosa facción criminal que se fracturó en diciembre del año pasado, según Chávez Martínez. Un vídeo supuestamente publicado por el CJNG se dirigía a los líderes de la Barredora, diciendo que “limpiarían” el Estado. Tras la ruptura del grupo, algunas células de la Barredora se han alineado ahora con el CJNG, de acuerdo con la SSPC.
En medio de esta dinámica criminal cambiante, el Instituto Nacional de Migración (INM) está enviando a los migrantes de México, incluidos los de Ciudad de México y más al norte, a la capital de Tabasco, alejándolos de la frontera con Estados Unidos.
La afluencia ha ofrecido a los grupos de crimen organizado más incentivos económicos para hacerse con el control del estado, ya que pueden ganar grandes sumas extorsionando a migrantes vulnerables. Algunos migrantes han sido trasladados al sur varias veces, lo que ofrece a los grupos criminales la oportunidad de extorsionar a las mismas personas varias veces.
Hasta 10 MIL migrantes han sido trasladados en autobús a Tabasco cada mes este año, según datos oficiales obtenidos por Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y publicados por el Washington Post en septiembre. Esta cifra duplica la del año pasado.
La frontera compartida de Tabasco con Guatemala ha sido durante mucho tiempo un centro de migrantes en México. En agosto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) amplió el acceso a su aplicación móvil CBP One a los ciudadanos no mexicanos de Tabasco y Chiapas. Ese mismo mes, el INM anunció que proporcionaría autobuses hacia la frontera norte para los migrantes una vez que se les diera una cita CBP One.
La violencia también se ha apoderado del cercano Chiapas, un estado que comparte frontera con Tabasco y Guatemala y que también es un importante punto de entrada de migrantes en México. Allí, los grupos criminales también se disputan el control del estado y de las rutas de migrantes y narcotráfico que lo atraviesan. Los homicidios se han disparado y miles de personas han sido desplazadas a Guatemala debido a los enfrentamientos entre grupos criminales.
Ernesto Lorda, director para el Norte de Centroamérica y México del Consejo Noruego para los Refugiados (Norwegian Refugee Council, NRC), dijo a InSight Crime que el 94% de los migrantes que el NRC entrevistó en México informaron haber sido víctimas o testigos de violencia en México. “La mayoría fueron robos, extorsiones o amenazas”, explicó Lorda.
El NRC también ha observado un aumento del tráfico de personas a lo largo de la frontera de México con Guatemala. “No es una coincidencia que esto ocurra donde hay una concentración de personas en movimiento. Se ha convertido en un negocio para ellos [los grupos de crimen organizado]”, afirmó Lorda.
El creciente número de migrantes que llegan al sur de México solo aumenta los riesgos a los que se enfrentan estos grupos.
