Un grupo de hombres armados asesinó y decapitó al alcalde de Chilpancingo, Guerrero, a menos una semana después de que asumiera el cargo, resaltando la titánica tarea que enfrenta la nueva presidenta del país para resolver una de los más complejos contextos de seguridad pública cada vez más grave.
El 6 de octubre, las autoridades encontraron la cabeza de Alejandro Arcos Catalán sobre un vehículo blanco en la zona este de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. Su cuerpo estaba en el asiento del copiloto.
Arcos asumió el cargo el 30 de septiembre, tras ser elegido en junio en representación de una coalición de partidos de la oposición que desbancó al partido gobernante, Morena. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana designado por la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo a los periodistas que Arcos se dirigía solo a una reunión en Petaquillas, una localidad al sur de la capital controlada por facciones criminales vinculadas a la banda de los Ardillos.
Su asesinato es el último ejemplo de la violencia que define la actual transición política en la ciudad. El 3 de octubre, hombres armados mataron a tiros a Francisco Tapia a plena luz del día en el centro de la ciudad, solo tres días después de que asumiera su cargo municipal como secretario general del Ayuntamiento.
Días antes, un comando de hombres armados asesinó a Ulises Hernández Martínez, exdirector de las fuerzas especiales de la policía del estado de Guerrero. Arcos lo había nombrado jefe de Seguridad Pública del municipio.
La victoria electoral de Arcos pudo haber inaugurado una nueva era en la alcaldía y redefinido los antiguos vínculos entre la política local y el crimen organizado. El año pasado, las cámaras de seguridad captaron a Norma Otilia Hernández, la exalcaldesa desbancada por Arcos, reunida con un cabecilla de los Ardillos, uno de los muchos grupos delictivos con un largo historial en la región.
En su primer discurso público, Arcos se comprometió a no hacer pactos con grupos criminales y a garantizar la paz y la seguridad en Chilpancingo, lo que puede haberlo puesto en la mira de los poderosos criminales de la región.
“La seguridad requiere el compromiso de todas y todos”, dijo tras convertirse en alcalde. “Hago un llamado a los tres niveles de Gobierno, empresarios, sociedad civil y familias de Chilpancingo, les pido, con el corazón en mi mano: ayúdenme a luchar y construir la paz, la paz que todos necesitamos”.
El reciente y brutal asesinato de un político local es el más claro ejemplo de la crisis que la presidenta Claudia Sheinbaum debe afrontar como primera mujer jefa de Estado de México.
“Es una señal terrible de la organización criminal que lo hizo, que tiene la capacidad de hacerlo y quiere enviar un mensaje a la persona que lo sustituirá”, afirmó Romain Le Cour, experto de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), en entrevista con InSight Crime.
Al tomar posesión de su cargo, Sheinbaum esbozó una serie de iniciativas clave para hacer frente a la inseguridad durante sus primeros 100 días. Entre las prioridades de su administración figuran el aumento de la coordinación y el intercambio de inteligencia, la lucha contra la violencia en Chiapas y la extorsión en Michoacán, así como la creación de grupos de trabajo interinstitucionales especializados para ayudar a reducir la inseguridad en determinados puntos conflictivos del país.
El estado fronterizo de Chiapas, en el sur del país, se ha convertido en el principal foco de una batalla continua entre diferentes facciones criminales aliadas al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se disputan economías criminales como el narcotráfico y el tráfico de migrantes. Miles de personas han sido desplazadas y cientos han muerto en los últimos años en un estado antaño pacífico, ahora asolado por la violencia interna entre intereses locales y nacionales. Cientos de soldados han sido enviados para ayudar a sofocar la violencia, pero muchos residentes dicen que ellos también son parte del problema.
El día en que Sheinbaum tomó posesión de su cargo en Ciudad de México, un grupo de soldados que patrullaba el estado, cerca de la frontera entre México y Guatemala, disparó contra un grupo de 33 migrantes, matando a seis e hiriendo a una docena más.
Los problemas de seguridad de México van mucho más allá de su frontera sur. Recientemente, los cadáveres de 12 personas fueron encontrados en el centro de Guanajuato, el estado más violento del país. Y más al norte, en Sinaloa, facciones rivales del Cartel de Sinaloa han paralizado casi todas las ciudades importantes del estado tras la detención de dos importantes líderes en Estados Unidos a finales de julio. Las autoridades locales han registrado cientos de desapariciones forzadas y asesinatos desde que comenzaron los enfrentamientos en septiembre.
Sheinbaum es ahora la cuarta presidenta mexicana que se enfrenta a la crisis de violencia del país desde que el expresidente Felipe Calderón declarara la guerra al crimen organizado en 2006. Según algunas estimaciones, la guerra contra el narcotráfico ha dejado 430.000 muertos en las dos últimas décadas y más de 100.000 desaparecidos en ese periodo. Las alianzas entre las élites políticas y los grupos criminales impidieron a los gobiernos anteriores —que recurrieron sistemáticamente a un enfoque militarizado— lograr avances significativos en materia de seguridad.
“En este momento no vemos una ruptura entre [el expresidente] AMLO y la estrategia de seguridad de Sheinbaum, pero queda por ver cómo reaccionará y se adaptará”, dijo Le Cour a InSight Crime. “La guerra entre los diferentes grupos criminales en Guerrero es fuerte, pero ha sido un poco invisible en el último mes con todo lo demás que está sucediendo en todo el país”.
